La Justicia de San Cristóbal dispuso este jueves el alojamiento en un instituto de puertas cerradas para un adolescente identificado como N.C., por su presunta participación en el ataque armado ocurrido el pasado 30 de marzo en la escuela número 40 Mariano Moreno. La medida cautelar se fijó por un plazo de 90 días mientras avanza la investigación judicial.
A diferencia del autor material de los disparos —un joven de 15 años que, por su edad, es considerado no punible por la ley—, el imputado en esta audiencia cuenta con la edad necesaria para ser sometido al proceso penal adolescente.
Los cargos y la participación en el hecho La fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), junto al fiscal de San Cristóbal, Mauricio Spinosa, formularon los cargos bajo la figura de partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dos tentativas de homicidio agravadas.
De acuerdo a la exposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se considera que N.C. prestó colaboración al tirador. Si bien esta ayuda no fue calificada como esencial para la ejecución del crimen, la fiscalía sostuvo que existen evidencias de que el joven conocía el plan y brindó respaldo para que el ataque se concretara.
En el trágico episodio, Ian Cabrera Núñez, de 13 años, perdió la vida tras recibir disparos de escopeta, mientras que otros ocho menores resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.
Resolución judicial y resguardo de las víctimas La medida de encierro preventivo fue solicitada por los fiscales con el objetivo de proteger el desarrollo de la investigación y garantizar la integridad de las víctimas y sus familiares, quienes estuvieron presentes durante la audiencia. El tribunal hizo lugar al pedido del MPA, ordenando el traslado del adolescente a un instituto especializado por el término de tres meses.
Protección de la identidad Debido a que el imputado es una persona menor de 18 años, rigen estrictas normativas locales e internacionales que resguardan su identidad y privacidad. En cumplimiento de estas disposiciones legales, los organismos judiciales han solicitado a los medios de comunicación y a la sociedad en general extremar los recaudos para evitar la difusión de datos que permitan identificar al adolescente procesado.
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